Derecho de Extranjería Procedimientos sancionadores

Derecho de Extranjería Procedimientos sancionadores

Derecho de Extranjería Procedimientos sancionadores. Las normas comunes del procedimiento sancionador son aquellas normas que se aplican de forma general a todas las modalidades del procedimiento sancionador. Sin perjuicio de las especificidades de cada una de ellas.

Las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos que puedan motivar la inclinación del procedimiento. La identificación de la persona o personas responsables y las circunstancias relevantes que puedan concurrir.

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Según el artículo 55.5 de la Ley de Extranjería, en los supuestos recogidos en el artículo 54.1 b) serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles de cualquier naturaleza hayan servido como instrumento para la comisión de la infracción.

La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los previamente determinados en la fase de instrucción.

El extranjero podrá interponer recurso contencioso-administrativo o ejercitar la acción correspondiente contra la resolución de expulsión ante el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente o el Director del Centro de Internamiento de Extranjeros en el que se encuentre.

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LEY, POLÍTICAS, PRÁCTICAS

Normas clave La Constitución establece el derecho a la libertad y la protección contra la detención arbitraria (art. 17), incluidas las garantías del debido proceso en los artículos 24 y 25. Las normas legales pertinentes a la detención relacionada con la inmigración se proporcionan en varias fuentes: la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Modificado por la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre (Ley de Extranjería o LOEX); Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana; el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (RLOEX).

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La Ley Orgánica 4/2015 incorpora una disposición adicional a la Ley Orgánica 4/2000, que establece un régimen especial para Ceuta y Melilla y autoriza retornos sumarios para evitar la entrada irregular a esos territorios. Este régimen de excepción ha sido criticado por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa por su falta de normas procesales para proteger a los solicitantes de asilo.

Motivos de detención y deportación. El Real Decreto 162/2014 estipula que el propósito de la detención (el término específico utilizado es “internamiento”) en los CIE es garantizar la deportación de los extranjeros.

La deportación puede ser una sanción administrativa por violar la ley de inmigración, una consecuencia de una denegación de entrada, una consecuencia de haber sido condenado por un delito o una sustitución de una condena penal.

La Ley de Extranjería usa diferentes expresiones para referirse a diferentes tipos de deportación: expulsión, denegación de entrada y devolución. Todos los tipos de deportaciones pueden conducir a la detención administrativa.

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a. Expulsión.La detención para garantizar la expulsión se puede ordenar en los siguientes casos: (1) debido a presuntas violaciones al art. 53 y 54 de la Ley de Extranjería, incluyendo estar en territorio español sin la debida autorización, representar una amenaza para el orden público o participar con fines de lucro en la migración clandestina; o (2) a la espera de la expulsión de no ciudadanos (residentes legales o no) condenados por delitos penales.

En los casos en que la ley prevea la expulsión como un sustituto de las penas de prisión por más de un año (y hasta seis años) o el pago de un multa (artículo 57 (2), (4) y (7) y el artículo 89 del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 5/2010). De acuerdo con los criterios de la Circular 6/2014, como las circunstancias personales, sociales y familiares del extranjero y la viabilidad de ejecutar la expulsión, deben tenerse en cuenta antes de ordenar la detención.[29]

si. Denegación de entrada. Cuando un extranjero intente ingresar al territorio español sin la documentación requerida, las autoridades negarán la entrada y ordenarán la “devolución”. Si la devolución no puede ejecutarse dentro de las 72 horas, la autoridad de control fronterizo debe remitir la situación a un juez que decidirá sobre la detención (Artículo 60.1).

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do. Devolución. Cuando un no ciudadano ha violado una prohibición de reingreso o ha intentado ingresar ilegalmente al territorio español, las autoridades ejecutarán la devolución. Si el retorno no puede ejecutarse dentro de las 72 horas, la autoridad administrativa también debe remitir la situación a un juez que decidirá sobre la detención (artículo 58.6).

Expulsiones calificadas expulsiones cualificadas ). Las autoridades usan la expresión “expulsiones calificadas” para referirse a la deportación de extranjeros con antecedentes penales a través de una combinación híbrida de medidas administrativas bajo las disposiciones del Código Penal y Extranjeros.

Sin embargo, no está claro qué procedimiento aplican las autoridades en estos casos, ya que las “expulsiones calificadas” no están definidas en la ley y las estadísticas gubernamentales sobre “expulsiones cualificadas” parecen incluir expulsiones “administrativas” según la ley de inmigración. [30].

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Además, las “expulsiones calificadas” pueden incluir personas que solo “conocen la policía”, lo que difumina aún más las líneas. En 2012, en un discurso ante el Congreso español, el Ministerio del Interior utilizó el alto porcentaje de personas con antecedentes penales en CIE (programadas para “expulsiones calificadas”) para argumentar que un número sustancial de detenidos en CIE eran criminales.

Autoridades de detención. La Ley de Extranjería no especifica qué autoridades pueden detener a no ciudadanos irregulares con fines de deportación. El Real Decreto 162/2014 estipula que una vez que se haya emitido la orden de detención, la policía es responsable de transferir al extranjero al centro de detención (artículo 25.1).

De acuerdo con la Orden Policial INT / 28/2013 del 18 de enero, artículo 9.4, la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones gestiona todos los aspectos de las expulsiones; la supervisión y coordinación de CIE; y el flujo de información con las instituciones penales en relación con la liberación de prisioneros extranjeros. [32]

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Duración de la detención y nueva detención. De acuerdo con la Ley de Extranjería, las autoridades gubernamentales inicialmente pueden detener a una persona durante un máximo de 72 horas antes de tener que remitirla a un juez de instrucción para obtener una orden judicial que prolongue el confinamiento en un centro de detención oficialmente designado (Artículo 61.1.d).

Una vez que se emite una orden de detención, el detenido debe mantenerse bajo custodia solo el tiempo que sea necesario para afectar la expulsión, con un período de detención máximo establecido en 60 días (Artículo 62.2). España tenía anteriormente un período máximo de detención de 40 días.

Junto con una gran cantidad de otros países de la UE, amplió los límites de detención después de la adopción de la Directiva de retorno de la UE,

Sin embargo, junto con Francia (con un límite de 45 días), España mantuvo la duración de la detención muy por debajo del límite de 18 meses permitido en la Directiva de retorno. Las ONG han destacado que la duración promedio de la detención ha aumentado en los últimos años. Según los registros policiales, el promedio de permanencia en detención fue de 24 días en 2015. [34]

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Normas de procedimiento. El Real Decreto 162/2014 estipula que nadie es detenido sin una decisión de la autoridad judicial competente (artículo 2.1). Los detenidos tienen los siguientes derechos: ser informados sobre su situación (Real Decreto Artículo 29); que la persona que designen en España, su abogado y el consulado de su país.

Estén informados sobre la detención (artículo 31); asistido por un abogado; y asistido por un intérprete; contactar ONG y organizaciones nacionales e internacionales; y presentar quejas y peticiones en defensa de sus derechos ante el Director de la CIE, los órganos administrativos y jurídicos competentes, el Fiscal y el Defensor del Pueblo (Ley de Extranjería, artículo 62 bis y Real Decreto 162/2014, artículos 16 y 19 ).

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