Publicado el Anteproyecto de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo

Con este anteproyecto de ley se pretende permitir a los consumidores la posibilidad de interponer reclamaciones a las entidades sin necesidad de conflictos.

El planteamiento se ha presentado por la Subdirección General de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), pretenden asegurar procedimientos de calidad que sean imparciales, efectivos y de coste gratuito o simbólico para el consumidor.

Los conflictos pueden ser de carácter nacional o fuera de nuestras fronteras, como derivación de contratos celebrados o no a través de internet. Solo quedan excluidos los servicios no económicos de interés general, los servicios relacionados con salud y las reclamaciones a prestadores públicos de enseñanza.

La novedad es la incorporación de una obligación de informaanteproyecto de leyción específica: el empresario deberá comunicar al consumidor la posibilidad de recurrir a una entidad de resolución alternativa cuando acepte de manera voluntaria la intervención por esta entidad; o cuando el consumidor no hay podido resolver satisfactoriamente su reclamación.

Se aplicara también a los servicios financieros y a su contratación a distancia, por eso se ha optado por la aprobación de una ley propia e independiente, para constituir una normativa constante aplicable como alternativa de conflictos de consumo y llevada a cabo por entidades notificadas a la Comisión Europea y la obligación de información establecida en ella.

El anteproyecto propuesto afecta a los comerciantes de la Unión Europea y a los consumidores residentes en ella que hayan formalizado contratos de compraventa o de prestación de servicios y que, como consecuencia, hayan surgido litigios nacionales o internacionales.

Esta norma establece los requisitos a los que se deben adecuar las entidades para la resolución alternativa de los conflictos de consumo, sus procedimientos y las personas que intervienen en ellos como decisoras, que quieran ser incluidas en el listado de la Comisión Europea.

En cuanto al coste que supondrá para el consumidor, queda establecido con el artículo 11 de la ley, que el coste del procedimiento deberá ser gratuito para los consumidores o con un coste simbólico que no podrá superar la cuantía de 30 euros.