Nueva sentencia de anulación de cláusula suelo en Granada

La sentencia condena a la entidad a la anulación de la cláusula suelo, a devolver al cliente parte de lo cobrado de más y al pago de las costas del procedimiento.

Es la segunda sentencia que se conoce en Granada en menos de una semana. En este caso ha sido el Juzgado de lo Mercantil número 1 el que se ha pronunciado a favor del consumidor.

Los clientes firmaron el préstamo hipotecario con la entidad Banco Popular en julio de 2007, y se entregó oferta vinculante diez días antes de su firma ante notario, coincidiendo esta con los datos de la escritura firmada posteriormente.Nueva sentencia condena Banco Popular

A pesar de esto, según la sentencia, es difícil comprobar que existiera una negociación entre las partes sobre la cláusula suelo, ya que no se aportan fechas de inicio de negociación o expediente por parte de la entidad demandada, algo difícil de comprender por el Tribunal, que lo entiende como “una imposición” y “no ofrece transparentemente la información”.

Lo que da lugar a lo que parece “una firma apresurada en la que se pone a disposición la misma en la notaria y el cliente llega y firma sin más comprensión” provocando “un argumento más de la falta de lectura serena, comprensible y transparente que la normativa de consumidores y usuarios y la Ley de Condiciones Generales de Contratación pretenden y exigen”

Se hace especial mención a la abusividad en este tipo de cláusulas, en la que el Magistrado se muestra incomprensible que haya tal “reparto de equilibrios”, haciendo funcionar esta cláusula como un interés fijo en lugar del interés variable que se creía por el cliente que había contratado. Por lo que se declara la nulidad de la cláusula suelo, obligando a la entidad a recalcular el cuadro de amortización.

En cuanto a la devolución de cantidades, se alude a la STS de 9 mayo de 2013, ya que aún no ha sido publicada la sentencia anunciada hace unos días del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de la reintegración de cantidades. Por lo que se decide, por “seguridad jurídica” devolver las cantidades pagadas de más en aplicación de dicha cláusula desde marzo de 2011. Se condena también a la entidad a pagar las costas del procedimiento judicial.