Modificación del baremo de daños en accidentes de circulación

El baremo para los daños y perjuicios en accidentes de circulación ha sido revisado recientemente para adaptarlo a la sociedad y ciencia actual.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Proyecto de Ley para la reforma del sistema de valoración de daños y perjuicios ocasionados en accidentes de tráfico. El acuerdo ha sido alcanzado entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y las entidades aseguradoras.

La nueva ley permitirá actualizar esta normativa, adaptándola a la sociedad actual, con el objetivo de resolver los conflictos más rápido y potenciando el acercamiento para los acuerdos extrajudiciales. Se pretende incrementar la protección a las víctimas con la garantía de una indemnización suficiente, establecer un sistema indemnizatorio activo y actualizado.accidentes de circulación

Esta nueva norma clarifica y regula el tratamiento de los daños patrimoniales y racionaliza el cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima). De forma que, en caso de fallecimiento, se conseguirá mejor conocimiento de la indemnización por personalización, es decir, se estudiará cada estructura familiar.

En el caso de las secuelas, se refuerzan la compensación de las lesiones que concluyen en discapacidades, indemnizando los daños y perjuicios para gastos asistenciales futuros. En las lesiones temporales, se distingue entre gastos de asistencia sanitaria y gastos diversos resarcibles (generados por las lesiones que influyen en la vida diaria).

En la valoración del lucro cesante se sustituye el sistema actual por un modelo originario de las compañías aseguradas, en el que aparte de contemplar los ingresos netos de la víctima, se valora el trabajo no remunerado (tareas del hogar, estudiantes), incluyendo factores como la duración del perjuicio o el riesgo de fallecimiento.

Según los daños causados, las indemnizaciones por muerte se incrementan un 50% de media y las ocasionadas por secuelas, se incrementan un 35%.

El criterio de la actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuesto Generales del Estado.