¿A qué nos referimos cuando hablamos de compliance o cumplimiento?

El compliance, en español cumplimiento, consiste en un sistema de directrices que han de implementar las empresas para no resultar penalmente responsables por las actuaciones delictivas de sus empleados.

En España se introdujo en 2015 cuando se produjo la reforma del Código Penal español. De esta manera, se incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento. Por tanto, éstas se convierten en penalmente responsables de los delitos
cometidos por sus empleados por no haberse ejercido sobre ellos el debido control de vigilancia.

No obstante, con esta reforma también se introdujo la posibilidad de que la persona jurídica quedara exenta de responsabilidad penal siempre y cuando hubiera adoptado y ejecutado las medidas necesarias para prevenir el delito, es decir, hubiera implantado un Plan de Prevención de Delitos (Compliance), por lo que se convierte en algo prácticamente obligatorio para todo tipo de personas jurídicas.
expertos en Compliance

Por lo tanto, en Prevención Legal somos conscientes de la importancia de aplicar el sistema Compliance Officer o de Prevención de Delitos en el día a día empresarial ya que contribuye, en definitiva, a aumentar la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, potencia que las empresas adopten sistemas de control que se extiendan a otros ámbitos de riesgo además del penal. Nos hemos especializado en este Plan por lo que podemos asesorarles e informarles.

Para cumplir este Plan de Prevención de Delitos, habría que establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumpla con el marco normativo aplicable. Y es que dentro de este marco no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse las políticas internas, los compromisos con
clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética.

Actualmente, el Tribunal Supremo se hace eco de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Sentencias como la Núm. 154/2016 en la que multa a la empresa con 775 millones de euros por los delitos de trabajadores suyos o la Sentencia Núm. 221/2016 que cierra la empresa durante 6 meses e impone una multa de 24.000 euros.